El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de anunciar el periodo de información pública del proyecto de orden ministerial por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que entrarán en vigor el 1 de junio de 2021.

Por tanto, las nuevas tarifas eléctricas no se aprobarán el próximo 1 de abril como estaba previsto sino que se retrasará dos meses más para que dé tiempo a establecer bien los cargos del sistema eléctrico.

«Además, tal y como establece la disposición final octava de la referida norma, la metodología de cálculo de electricidad entrará en vigor simultáneamente con la 3 metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y en ningún caso antes del 1 de junio de 2021», reza el proyecto de orden.

El Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, modificó la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de manera que se sustituían los actuales peajes de acceso del sector eléctrico por los peajes de redes, que se regularían por la CNMC, y los cargos, que se regularían por la Administración General del Estado. En virtud de lo anterior, se ha elaborado un Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico, que se remitirá a Consejo de Ministros en las próximas semanas para su aprobación.

Los cargos financian aquellos costes regulados del sistema eléctrico con la excepción de la retribución de las redes de transporte y distribución. En el caso del sistema eléctrico español, los más relevantes son el coste del régimen especial de las energías renovables, de la cogeneración y de la generación con residuos (RECORE), la cobertura del déficit de años anteriores y la compensación del 50% del sobrecoste de la generación en los territorios no peninsulares.

La orden que se somete a audiencia establece los precios para el año 2021 de los diferentes segmentos tarifarios de los cargos del sistema eléctrico, los precios aplicables a los puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público y los precios unitarios de aplicación a la financiación de los pagos por capacidad. Esta orden se desarrolla en aplicación del mencionado proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodología para calcular los cargos de la factura de electricidad.

El objetivo de iniciar el trámite de audiencia de esta orden por la que se establecen los precios de los cargos para 2021 es que los distintos agentes del sistema eléctrico conozcan con suficiente antelación los precios aplicables a partir del 1 de junio para poder anticiparse y adaptarse al cambio en la estructura de la facturación eléctrica.

Con los precios de los cargos que se someten a este trámite de audiencia, «se asegura que los ingresos del sistema eléctrico en 2021 serán suficientes para cubrir el importe total de los costes regulados que financian los cargos en este ejercicio», afirma el Ministerio.

Según la memoria, el importe total de los cargos del sistema eléctrico asciende a unos 9.578 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 2.956 millones de euros fundamentalmente provenientes de las figuras impositivas de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y de las subastas de derechos de emisión de CO2, lo que deja un importe de cargos a financiar por los consumidores en 2021 de 6.621 millones de euros.

Pagos por capacidad

En cuanto a los pagos por capacidad, se arrojaría una previsión de ingresos de pagos por capacidad de 617 millones de euros, aproximadamente, mientras la previsión de coste asociado a los pagos por capacidad para el ejercicio 2021 es de 98,947 millones de euros. Por lo que toca de nuevo financiar otros costes.

Con el objetivo de dotar de coherencia y simplicidad al sistema, el proyecto de Real Decreto escoge la misma estructura tarifaria que la fijada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

La metodología que recoge el futuro Real Decreto establece que el cálculo de los cargos conste de una parte fija y una variable, que se determina en función de la energía consumida en su vivienda, empresa o industria. Se estima que el efecto combinado de los nuevos cargos y peajes hará que la factura eléctrica tenga un mayor componente variable, es decir, que dependa más de la cantidad de energía consumida, lo que permitirá que las medidas de ahorro y eficiencia energética tengan un impacto positivo para los consumidores.

Los nuevos peajes y cargos también incentivan la instalación de sistemas de autoconsumo o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos al favorecer la gestión de la demanda.

En concreto, en el caso de los consumidores con menos del 15kW de potencia contratada –la mayoría de los usuarios domésticos y pymes–, el 75% de los cargos se calcularán en base a su consumo energético y el 25% restante será de término fijo, en función de su potencia contratada. Para el resto de los consumidores, el 40% de los cargos procederá del término fijo y el 60% tendrá origen en el término variable.

No obstante, con objeto de mantener el equilibrio con otras prioridades de política energética, se mantiene una parte fija de los cargos. De esta forma, permanece el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, lo que fomenta, por ejemplo, el uso de bombas de calor, que podrían resultar más baratos y más limpias que otras opciones basadas en combustibles fósiles.

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