Hay varios dichos en el mundo del Derecho. Uno de ellos es que hecha la ley, hecha la trampa. En toda normativa casi siempre hay un resquicio, lo que se denomina una laguna jurídica. Y ahora con el estado de alarma, pues en los RD aprobados por el Gobierno, existen esas lagunas. Una de ellas, en la normativa sobre materia energética.

El Gobierno aprobó una medida para que el consumidor pudiera reducir su potencia eléctrica contratada. Una medida que pretendía ayudar a aquellas empresas que se han visto en la obligación de cerrar o reducir su actividad al mínimo a rebajar la partida de costes energéticos.

La normativa dejaba reducir potencia a los consumidores una vez cada 12 meses. Pero el Gobierno creyó conveniente que se pudiera hacer ahora dando vía libre a los consumidores. Y he aquí el fallo. O el agujero. Que en vez de facilitarlo solamente a aquellas empresas que lo están pasando mal por la crisis del coronavirus, lo extendió a todos los consumidores.

Y claro, ahora hay muchas empresas que estando activas y produciendo, con tarifa 6.1, y han llamado a la distribuidora para reducir la potencia al mínimo en los periodos del 1 al 4 y mantener los P5 y P6 durante los meses de abril y mayo. Estos periodos son los que se tienen en cuenta durante estos meses.

De esta manera, estas empresas ‘listillas’ se ahorran un 80% del coste de la potencia contratada sin perder los derechos de acceso, cuando antes no podían hacerlo. Esto supone además la creación de un agujero dentro de las cuentas del sistema eléctrico.

Si a las ya numerosas peticiones de reducción de potencia de aquellas compañías que están cerradas por el parón de la actividad económica decretado por el Gobierno, se le suman lo de estas compañías, se ayudará a reducir los ingresos del sistema y por tanto repercutirá en todos los consumidores.

De una medida, con el espíritu de ayudar, algunas empresas lo están aprovechando con cierta falta de ética y buena dosis de egoísmo.

Por ejemplo, el Gobierno podría ver cómo frenar esta actitud picaresca de algunas empresas. Si el gobierno quiere, lo tiene fácil, tendría que aprobar una orden para que las distribuidoras comprueben después la potencia demandada y anulen esas reducciones fraudulentas (perdiendo así la posibilidad de una reducción legítima). Es por el bien de todos. Incluso penalizar por ello.

En definitiva, en España, para variar, la picaresca está al orden del día. Incluso cuando peor lo están pasando el país y los ciudadanos.

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