La vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reconocido este jueves en el Congreso que su departamento tendrá que actuar sobre los costes fijos del sistema eléctrico ante el desplome de los precios para garantizar «la viabilidad del sistema», ya que lo considera «fundamental» para «la credibilidad y confianza de los inversores».

Eso sí, tal y como ha subrayado, estos cambios se realizarán «sin generar presión desproporcionada a los consumidores vía fiscal». «Creo que esta no sería la receta», ha sostenido, durante su intervención ante la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, a la que ha acudido para dar cuenta de las medidas adoptadas por su departamento para afrontar la crisis del coronavirus.

La vicepresidenta cuarta ha apostillado que esta posible modificación «no es un cambio estructural» y que se abordará «con seriedad», junto con los futuros cambios que prepara para «las reformas del mercado eléctrico», conforme evolucionen las diferentes tecnologías de generación.

«El conjunto de los costes fijos del sistema tiene mucho que ver con la facturación total, y tanto por la caída de los precios relativos como por la caída de la demanda, tendremos que abordar cómo se responde de manera segura, de manera solvente, sin generar una presión desproporcionada a los consumidores vía fiscal», ha declarado la ministra a una pregunta de la diputada de Ciudadanos, María Muñoz, encargada de los asuntos energéticos en la formación naranja.

Todo ello, ha proseguido Ribera, «garantizando la viabilidad del sistema, puesto que es fundamental, desde el punto de vista de la credibilidad, la confianza y la viabilidad de los costes fijos, pero también de la credibilidad y confianza de los inversores».

En Cs pusieron sobre la mesa en la Comisión lo que pretende el Gobierno hacer con el más que evidente déficit de tarifa al que regresará el sistema eléctrico durante es año 2020. La fuerte caída de los ingresos del sistema proporcionada por la intensa caída de la demanda eléctrica, más otras medidas excepcionales que se han tomado durante el estado de alarma, podrían llevar a un déficit de tarifa de unos 1.000-1.200 millones de euros, según algunos expertos.

Y es que la titular de Transición Ecológica ha destacado cómo los cambios de consumo energético han provocado «alteraciones importantes tanto en la estructura de precio como en la cobertura del sistema eléctrico».

Por ejemplo, ha destacado «el hecho de que se hayan alcanzado cotas muy bajas con respecto al precio mayorista del ‘pool’, prácticamente inimaginables hace tiempo, fruto de la gran presencia de energías renovables y la enorme caída de la demanda con respecto a la habitual».

El pasado mes de abril, el mercado mayorista cayó un 65% respecto al mismo mes del año pasado, hasta situarse en los 17,65 euros por megavatio hora, el nivel más bajo desde hace seis años y el segundo más bajo desde hace trece, tras el desplome de la demanda por la crisis del coronavirus. Frente al pasado mes de marzo, este precio supone una caída del 36,4%

«Esto, que puede ser una medida de alivio importante para las economías domésticas, que cuentan con una tarifa regulada, también pone de manifiesto algunas limitaciones del sistema, que nos obligan a seguir trabajando en la sostenibilidad del sistema eléctrico», ha manifestado la vicepresidenta.

Pues bien, esta sostenibilidad del sistema solo se puede hacer de dos maneras según la actual norma vigente del Sector Eléctrico. O se reducen los costes del sistema, o se aumentan los ingresos. No hay más.

El problema es que a día de hoy ya están aprobados los peajes eléctricos de 2020, así como las circulares de la CNMC sobre la retribución a redes y otros agentes del mercado, además de la retribución a las renovables por parte del Gobierno. La parte de reducir costes se complica, por no decir que queda aplazada para otro momento.

Pero en el Gobierno están aún sin publicar los cargos del sistema eléctrico de este 2020, y es ahí, en esta partida donde podría echar mano el equipo de Ribera para cuadrar las cuentas. Aunque también hay otras opciones.

«Lo normal es que acabe subiendo los cargos del sistema», informan fuentes del sector, «aunque también podría encajar que se hiciera algo con los nuevos peajes y tarifas que entrarán en vigor el 1 de noviembre».

«Todo dependerá de cómo salga España de la crisis», insinúa otra fuente. «Los PGE podrían hacerse cargo de parte del agujero, pero no de todo», resalta.

El Gobierno cuenta con que la actual caja del sistema eléctrico tiene un superávit de cerca de 1.000 millones, pero esta cantidad se utilizará en su amplia mayoría para contrarrestar el déficit que se dará en la liquidación definitiva de 2019 y que se conocerá a primeros de diciembre. Dependerá en mucho de cómo quede la caja para ver cómo actuar frente al mayor agujero que se prevé este año.

Ribera dice de no subir en demasía la fiscalidad y que afecte de lleno a los consumidores, pero es evidente que en Hacienda no cuentan con tanto déficit. Según el RD de estado de alarma, se cubriría «aquel déficit generado por las medidas que contenía dicho RDL a través de créditos presupuestarios del PGE». Según las cuentas del mismo Gobierno, el ahorro por la bajada de potencia que permitirá su flexibilización llegará a los 25,7 millones de euros al mes, aunque con un coste para el sistema en igual importe. Es decir, que podría contar el Gobierno con unos 50-75 millones de euros de los PGE para tapar un agujero que se puede ir a los 1.000 millones.

Si no se puede contar con PGE, ni asestar un nuevo recorte, con todo lo que ello jurídicamente representaría (demandas por todos lados), el Gobierno se ve en la encrucijada de o cambiar la norma eléctrica, y permitir de nuevo el déficit de tarifa, algo que estaría por ver que se aprobase desde Bruselas, sobre todo cuando aún restan por pagar unos 16.000 millones, o subir la tarifa de la luz a los consumidores con una subida de los cargos eléctricos aún por aprobar o a través de las nuevas tarifas.

Todo indica que la subida de la tarifa es irremediable, de una forma u otra. Ahora le toca al Gobierno hacer malabares con las cuentas del sistema eléctrico. Y cuando eso sucede ya se sabe, o al menos, es lo que hemos visto siempre, que la mayoría del peso recaerá sobre el consumidor de la luz.

Lo bueno de ello es que esta situación es pasajera y que tarde o temprano se volverá a consumir energía. Y más nos vale. Lo poco que se ha pagado de la luz estos meses por parte de los consumidores con tarifa regulada podrían verlo descompensado con esta futura subida. No siempre llueve a gusto de todos, y menos en el sector eléctrico.

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