La CNMC aprueba un nuevo pago para las plantas que arrancan el sistema eléctrico y devuelven la luz tras un apagón
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La Comisión calcula que este esquema tendrá un coste total de unos 7,3 millones de euros anuales, cubriendo disponibilidad, pruebas y adaptación de las instalaciones
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un nuevo procedimiento de retribución para las centrales eléctricas que prestan el denominado servicio de arranque autónomo, esencial para restablecer el suministro eléctrico tras un apagón generalizado. Este cambio afecta principalmente a las centrales hidroeléctricas, las cuales por su tecnología, pueden arrancar sin depender de la red.
El nuevo esquema, recogido en el Procedimiento de Operación 7.6 (P.O.7.6) aprobado por la CNMC, define por primera vez cómo se pagará este servicio vital, que garantiza la capacidad de iniciar el sistema eléctrico desde cero cuando toda la red está caída.
El arranque autónomo es un servicio crucial para la recuperación del sistema eléctrico peninsular en caso de “cero eléctrico” o apagón masivo. Hasta ahora, su provisión no contaba con un marco retributivo específico. El nuevo procedimiento establece, por tanto, tanto los criterios técnicos como el esquema de pago para aquellas instalaciones capaces de reiniciar el sistema. En una primera fase, este servicio lo prestarán las centrales ya identificadas en los actuales planes de reposición, en su mayoría hidroeléctricas. La CNMC contempla que, en el futuro, puedan incorporarse otras tecnologías y proveedores, abriendo el proceso a condiciones competitivas mediante una segunda fase.
Retribución
La retribución aprobada contempla distintos conceptos. Por un lado, se reconoce un término fijo anual de 125.000 euros por instalación, complementado por un pago variable según la potencia asignada: 140 euros/MW para potencias menores de 50 MW, 510 euros/MW entre 50 y 100 MW, y 1.220 euros/MW para aquellas superiores a 100 MW. Además, las instalaciones recibirán 990 euros por megavatio probado con éxito en las pruebas periódicas de capacidad, exigidas como mínimo cada tres años. También se ha establecido un pago anual de 36.000 euros para compensar la inversión necesaria en adecuación técnica.
La CNMC calcula que este esquema tendrá un coste total de unos 7,3 millones de euros anuales, cubriendo disponibilidad, pruebas y adaptación de las instalaciones. El coste será financiado como parte del componente del coste de la energía, prorrateado entre la demanda eléctrica, siguiendo el modelo utilizado para otros servicios como las restricciones técnicas o el antiguo mecanismo de interrumpibilidad.
La nueva normativa no solo busca ofrecer certidumbre económica a las instalaciones que prestan este servicio, sino también garantizar una recuperación más rápida y eficiente del sistema ante eventuales fallos generalizados. En caso de que una planta rechace su asignación en la Fase 1, se activará un mecanismo para buscar alternativas o, si es necesario, se avanzará directamente hacia la Fase 2, que contempla procesos de selección abiertos y competitivos.
Fuente: elperiodicodelaenergía.com