Según detectan desde SmartEn, existen 7 grandes barreras que van desde la limitada contratación de recursos energéticos descentralizados por parte de los operadores hasta las restricciones de acceso a señales de precio, la escasa disponibilidad de datos y la falta de marcos que impulsen la innovación y la participación local

La implantación a gran escala de la flexibilidad de la demanda eléctrica podría traducirse en un ahorro superior a 71.000 millones de euros anuales en las facturas de la luz de los hogares europeos para el año 2030, de acuerdo con el informe «Implementing EU Laws. A guide to activate demand-side flexibility in the EU 27 Member States», elaborado por la asociación empresarial europea smartEn.

El documento sostiene que, si los consumidores logran utilizar de manera activa sus propios recursos energéticos —como vehículos eléctricos, baterías domésticas, sistemas de almacenamiento o instalaciones de generación renovable en pequeña escala— para adaptar su consumo a las señales que recibe el sistema eléctrico, no solo se abarataría la electricidad, sino que se reforzaría la estabilidad de las redes y se facilitaría la integración masiva de energías renovables.

Flexibilidad del lado de la demanda

La llamada flexibilidad del lado de la demanda representa, según el estudio, un verdadero cambio de paradigma en la forma de operar de los sistemas energéticos. Esta capacidad permite que los usuarios pasen de ser simples receptores pasivos de electricidad a convertirse en protagonistas que modulan su consumo e incluso inyectan energía en función de los precios y de la disponibilidad de generación renovable en cada momento.

Con ello se aliviarían las congestiones en la red, se reducirían los picos de demanda y se disminuiría de forma significativa la necesidad de recurrir a centrales de gas para cubrir las horas de mayor consumo, un aspecto crucial para alcanzar los objetivos de descarbonización y para reducir la exposición a las fuertes oscilaciones de los precios mayoristas de la electricidad.

El informe calcula que, además del ahorro directo en las facturas domésticas, la activación plena de esta flexibilidad traería beneficios adicionales de gran alcance. Entre ellos se encuentra una importante reducción de los costes asociados al refuerzo de las redes de distribución, gracias a una gestión más inteligente y activa de los consumidores.

También se evitaría la construcción de decenas de gigavatios de nueva capacidad de generación de pico, con el consiguiente ahorro de miles de millones de euros cada año, y se disminuiría el desperdicio de energía renovable que en la actualidad se pierde por falta de capacidad de integración en el sistema eléctrico. Estos efectos, combinados, reforzarían la competitividad industrial europea y mejorarían la seguridad energética del continente.

Siete grandes barreras

A pesar de este potencial, la realidad es que el sector aún se enfrenta a obstáculos significativos. La asociación identifica siete grandes barreras que van desde la limitada contratación de recursos energéticos descentralizados por parte de los operadores de red hasta las restricciones de acceso a señales de precio, la escasa disponibilidad de datos energéticos y la falta de marcos que impulsen la innovación y la participación local.

Sin embargo, el informe subraya que la legislación comunitaria ya contiene cerca de setenta disposiciones clave, repartidas en varias directivas como la de Electricidad, la de Energías Renovables y la de Eficiencia Energética, que permiten superar estos problemas. Muchas de esas medidas deberían estar aplicándose desde 2023, pero su ejecución avanza de manera desigual en los Estados miembros.

El reto, señala smartEn, no radica tanto en diseñar nuevas normas como en que los países de la Unión Europea apliquen con urgencia las que ya existen. Michael Villa, director ejecutivo de la organización, insiste en que los consumidores pueden convertirse en agentes de cambio si se les brinda la posibilidad de reaccionar a las señales del sistema y se les garantiza una compensación adecuada. Desde la Comisión Europea se recuerda, en la misma línea, que la puesta en marcha de estas disposiciones permitirá contener la volatilidad de los precios mayoristas, reducirá la dependencia de los combustibles fósiles y contribuirá a mantener facturas de electricidad asequibles para la ciudadanía.

El informe hace un llamamiento directo a los reguladores nacionales, a los operadores de sistemas de transmisión y distribución y a los gobiernos para que aceleren la aplicación de estas normas. Solo así, advierte, Europa podrá aprovechar plenamente el potencial de la flexibilidad energética antes de que finalice la década.

Fuente: elperiodicodelaenergía.com