El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto este jueves el plazo de consulta pública previa para analizar la mejora del acceso a los datos de consumo energético de los consumidores de energía eléctrica y la evolución del sistema de medida, gestión y uso de datos.
La consulta, un formulario con 16 preguntas, se divide en tres apartados, que son el acceso a datos, funcionalidades de la nueva generación de contadores y protocolos de telegestión de puntos de medida.
El objetivo de la consulta es recabar la opinión de los usuarios y entidades interesadas sobre cómo facilitar el acceso «sencillo y seguro» a los datos de consumo a partir de los contadores inteligentes, los posibles modelos de gestión de los datos, las prestaciones de los contadores inteligentes que deban instalarse en el futuro y la evolución del sistema de liquidación de medidas.
El Ministerio explica que el despliegue de contadores inteligentes en España ha supuesto un «significativo avance hacia la digitalización del sistema energético y tiene un gran potencial para el empoderamiento del consumidor de energía eléctrica».
Además, indica que para aprovechar dicho potencial e impulsar los objetivos de descarbonización recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, facilitando que los consumidores puedan optimizar sus facturas energéticas y consumos, es necesario habilitar mecanismos para que puedan acceder a sus datos de consumo de forma «fácil y comprensible».
Adicionalmente, el nuevo paquete normativo europeo establece nuevos requisitos y necesidades para los contadores inteligentes de modo que ofrezcan información más completa y detallada, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos energéticos de la Unión Europea.
En este sentido, la consulta pretende avanzar en la definición de dichos criterios de cara a los nuevos contadores que deban sustituirse o instalarse.
Por otro lado, el adecuado acceso a los datos y la mejora de la prestación de los contadores posibilita la aparición de nuevos modelos de negocio, como el de los agregadores independientes, recientemente incorporados al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto-ley 23/2020.