Las comercializadoras independientes creen que los costes de los servicios de ajuste deben financiarse con cargo a los peajes eléctricos
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En los últimos años, y de forma especialmente visible desde la puesta en marcha de la operación reforzada, los costes asociados a los servicios de ajuste han aumentado de manera significativa
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) apoya la propuesta de que parte de los servicios de ajuste del sistema se consideren un coste regulado y puedan financiarse con cargo a los peajes de las redes eléctricas.
El pasado 19 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden TED/1318/2025, por la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establece las orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la tramitación de circulares previstas en 2025.
En el apartado noveno se solicita a la CNMC que valore la posibilidad de financiar con cargo a los peajes el coste de determinados servicios de ajuste del sistema —como las restricciones técnicas derivadas de la insuficiencia de las redes actuales—, analizando el impacto sobre los peajes y evitando un incremento excesivo de la factura de los consumidores domésticos.
La operación reforzada
En los últimos años, y de forma especialmente visible desde la puesta en marcha de la operación reforzada, los costes asociados a los servicios de ajuste han aumentado de manera significativa. Ese incremento repercute en comercializadores y consumidores: mientras algunos componentes del mercado (por ejemplo, el precio del mercado diario) han registrado descensos en los últimos años, los servicios de ajuste han elevado la factura final. Además, los comercializadores asumen costes difíciles de prever y cubrir en mercados con alta volatilidad, como se ha evidenciado en 2025.
“Desde ACIE defendemos que, si se diseña y regula adecuadamente, la internalización parcial de estos costes como coste de red no implicará un aumento neto de la carga para los consumidores. Actualmente, algunos consumidores soportan directamente el coste real de estos servicios (por ejemplo, clientes en PVPC) y otros lo ven incorporado en la tarifa fijada por su comercializador. Transferir parte de estos costes a un mecanismo regulado y transparente puede, en muchos casos, reducir la prima de riesgo que las comercializadoras incorporan en sus productos y, con ello, reducir el coste final para el usuario”, ha explicado Julio César Nieto, presidente de ACIE.
La adopción de esta medida supondría un cambio relevante en la estructura de costes del sistema eléctrico. ACIE considera que, por su potencial beneficio para la estabilidad del sistema y la protección del consumidor, merece un análisis detallado y riguroso que incluya las aportaciones de todos los actores implicados.
Fuente: elperiodicodelaenergía.com