Advierten de que el desfase con la media europea resta atractivo a España frente a otros mercados energéticos

Las compañías eléctricas confían en que la revisión definitiva de la tasa de retribución financiera para las redes logre situarse finalmente por encima del 7%, frente al 6,58% propuesto por la CNMC en su última consulta pública. El sector considera que esta mejora es imprescindible para asegurar las inversiones necesarias en un sistema eléctrico tensionado, marcado por problemas persistentes en el control de tensión y por un marco regulatorio que, a su juicio, ha quedado desalineado respecto a Europa.

La expectativa de un incremento de la rentabilidad regulada ha cobrado fuerza tras la publicación de informaciones que apuntan a la disposición del Gobierno a revisar al alza los pagos por redes, en línea con las orientaciones de política energética que recomiendan incentivar la electrificación frente a los combustibles fósiles. Las empresas sostienen que un retorno insuficiente pondría en riesgo la captación de financiación internacional y podría comprometer el cumplimiento de la actual planificación de inversiones, clave para reforzar la red de transporte y distribución en un contexto de fuerte integración renovable.

Las eléctricas advierten de que el desfase con la media europea —donde la tasa ronda el 7%— resta atractivo a España frente a otros mercados energéticos. Reclaman corregir dos aspectos metodológicos que consideran decisivos: el reconocimiento del mayor riesgo derivado del cambio de modelo retributivo y la homogeneización del cálculo de la prima de riesgo de mercado con respecto a otros sectores regulados, como telecomunicaciones o infraestructuras de transporte. Su corrección situaría la tasa, aseguran, en niveles cercanos al 7,5%.

Operación del sistema eléctrico

El debate sobre la retribución coincide con un escenario marcado por tensiones crecientes en la operación del sistema eléctrico. Las empresas insisten en que los problemas de control de tensión no son nuevos y que el operador del sistema lleva años advirtiendo de dificultades para gestionar la red en condiciones de alta penetración renovable. Señalan que parte de las limitaciones son regulatorias y no técnicas, como el retraso en la habilitación del control de tensión dinámico para las instalaciones renovables, que no estará plenamente operativo antes del primer semestre de 2026.

El sector reclama además acelerar las homologaciones y acreditaciones de las plantas renovables para participar en los servicios de control de tensión, un proceso que —aseguran— se está resolviendo en plazos insuficientes para las necesidades del sistema. También piden completar con urgencia la instalación de los dispositivos previstos en la planificación, como los SVC y STATCOM, fundamentales para estabilizar la red. España dispone actualmente de tres, cuando la planificación preveía al menos seis, muy por debajo de países comparables como Italia.

Las eléctricas cuestionan igualmente la alineación de la operativa española con los estándares europeos. Mientras la UE establece como operación normalizada los 420 kilovoltios, España fija el umbral en 435, lo que deja un margen operativo mucho menor para anticipar contingencias y evitar desconexiones automáticas. Esta diferencia, aseguran, agravó las oscilaciones de tensión registradas en jornadas críticas, como el 28 de abril, cuando se produjeron desconexiones aún bajo investigación.

Apagón 28A

Sobre este apagón, las empresas valoran positivamente que el panel de expertos europeo de ENTSO-E haya decidido incorporar datos e informes proporcionados por agentes independientes más allá de Red Eléctrica y del Gobierno. Consideran que esta apertura permitirá esclarecer si decisiones operativas previas, como aperturas de líneas o cambios en la configuración de interconexiones, influyeron en la caída de tensión. Al mismo tiempo, insisten en que la generación convencional ha cumplido con sus obligaciones de información y capacidades técnicas, y recuerdan que muchos datos dependen de propietarios de instalaciones a los que la regulación no obliga a compartir mediciones aguas arriba.

El sector mantiene que la solución pasa por medidas rápidas que reduzcan el uso de la llamada “operación reforzada”, que limita la participación de renovables en el mercado y encarece los costes del sistema. Proponen, entre otras actuaciones, aprovechar de inmediato la posibilidad de enviar consignas de potencia reactiva a través de actualizaciones de software en ciclos combinados, fotovoltaica y eólica, una medida que —afirman— no requiere inversión adicional significativa.

A la espera del informe definitivo de la CNMC y del dictamen del Consejo de Estado, las eléctricas sostienen que una retribución alineada con Europa no solo garantizaría la financiación necesaria, sino que reforzaría la competitividad del país y aceleraría la transición energética. Confían en que estos ajustes permitan situar la tasa por encima del 7%, un nivel que consideran mínimo para afrontar el nuevo modelo eléctrico hacia el que se dirige España.

Fuente: elperiodicodelaenergía.com