El ahorro energético se ha convertido en un pilar fundamental de la hoja de ruta de la Unión Europea y de sus Estados miembros, en su objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia y garantizar la seguridad de suministro en el Viejo Continente.
Iniciativas de concienciación ciudadana, restricciones en el termostato -por el momento, sólo en edificios públicos- y el fomento de la movilidad sostenible, incluido el impulso al uso de la bicicleta, son ahora una herramienta más de los respectivos gobiernos de cara a materializar el gran reto de la transición energética.
Planes como el “Repower EU”, de la Comisión Europea, o el de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado, recién aprobado por el Gobierno, incorporan algunas de estas campañas, enfocadas como una solución a corto plazo ante la crisis de precios, la inflación y la incertidumbre geopolítica.
Las metas de Bruselas pasan por reforzar esa unión, prácticamente sin precedentes, que caracterizó su respuesta a la pandemia, como se está viendo con la propuesta de alternativas como la negociación conjunta para la compra de gas, aún en fase de estudio a la espera de que se diseñe un mecanismo legal completo.
No obstante, el progresivo encarecimiento de las materias primas y la crisis en Ucrania han devuelto a la mesa de los gabinetes de los 27 el debate de las interconexiones eléctricas y gasistas, especialmente entre España y Francia, consideradas esenciales para mejorar la solvencia energética de la región.
A pesar de los esfuerzos desplegados tanto a nivel nacional como comunitario, los expertos coinciden en que se tratan de proyectos e inversiones que tienen que llevarse a cabo cuanto antes; sin embargo, los efectos positivos de incrementar la interconexión entre países no se sentirán este invierno.
Como consecuencia de ello, los Estados se están sirviendo de fórmulas, aparentemente, más sencillas para lograr que los ciudadanos, las empresas y las propias Administraciones contribuyan a preparar el almacenamiento de gas para los meses más fríos del año.
Un planteamiento en línea con las diez recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), que instó a alentar un “ajuste temporal de los termostatos en los edificios de Europa con calefacción de gas”.
A tenor de sus cálculos, bajar el termostato de la calefacción “tan sólo” 1 ºC, reduciría la demanda de esta materia prima energética unos 10.000 millones de metros cúbicos al año.
Italia, caracterizado por su fuerte dependencia del gas, fue uno de los primeros países vecinos en dar luz verde a este tipo de medidas.
A comienzos de mayo, la Cámara de los Diputados aprobó el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Mario Draghi, que obliga a los edificios y dependencias estatales a limitar la temperatura en su interior -19 ºC en invierno y 27 ºC en verano- hasta el próximo 31 de marzo.
Un tope con el que también cuenta España desde esta semana, después de que el Consejo de Ministros respaldara un plan de ahorro y eficiencia energética que, a diferencia del italiano, no se marca un horizonte temporal máximo de aplicación.
Además de la temperatura, el texto contempla otros puntos como el refuerzo del teletrabajo y el fomento de instalaciones de autoconsumo, siempre en el marco de la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal.
Entre las voluntades del Ejecutivo está la de servirse del “importante papel que el conjunto del sector público debe jugar en la promoción, impulso, difusión y apoyo de la responsabilidad social en el ámbito de las empresas y del resto de organizaciones”.
Organismos e instituciones son conscientes del rechazo que alguno de estos propósitos puede suscitar en un país como España, donde el 10,9 % de la población es incapaz de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, según los últimos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), del ejercicio 2020.
Y es que aún resuenan las críticas al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que el pasado marzo pidió a los europeos que bajaran la calefacción en sus casas, porque había que “pagar un precio” por “cortar el cordón umbilical” con la economía rusa.
Si el coronavirus aceleró la digitalización, las tensiones de los últimos meses lo están haciendo con la transición energética, para la que las Administraciones están urgiendo la colaboración de una ciudadanía que, poco a poco, va tomando conciencia.
“Ser más sostenibles significa también bajar más la temperatura, aunque ello suponga que en invierno tengamos que abrigarnos un poco más en casa. O que en verano tengamos que refrescarnos de forma alternativa al aire acondicionado”, indica a Efe la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
Esto “es bueno porque se limita la dependencia de la energía de la que nos proveen otros países”, señalan desde la asociación de consumidores, conscientes de que, “al mismo tiempo, supone un ahorro tanto para familias, como para pequeñas y medianas empresas, y la industria en general”.
Fuente: elperiodicodelaenergia.com